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Informe del Observatorio – El burka como detonador: religión, derechos y democracia en febrero de 2026

El mes de febrero de 2026 presenta un corpus de artículos dominado de forma abrumadora por un único debate: la propuesta de Vox y el PP de prohibir el burka y el niqab en España.

El avance del fundamentalismo religioso aliado con la extrema derecha en España y América Latina, y la pregunta filosófica de si la religión está realmente «volviendo» o simplemente cambiando de forma, también han protagonizado las columnas y tribunas.

La controversia sobre el burka y el niqab irrumpe a mediados de febrero y coloniza prácticamente todo el espacio de opinión relacionado con el laicismo, se superpone a otros temas que también tienen presencia relevante: la continuación del debate sobre el funeral de Estado laico tras el accidente ferroviario de Adamuz, el análisis del vínculo entre fundamentalismo religioso y extrema derecha, la pregunta filosófica sobre el supuesto «retorno de la religión» y la situación del Estado laico en América Latina.

El velo: un debate instrumental con fisuras feministas

La propuesta de prohibición del velo integral activa el debate más intenso y fracturado del período. Lo notable es que las posiciones no se distribuyen según el eje izquierda/derecha esperado: dentro del espacio progresista y laico hay una división significativa que revela tensiones de fondo entre laicismo, feminismo y antirracismo.

Un primer bloque lee la propuesta como una maniobra islamófoba de la ultraderecha que instrumentaliza a las mujeres musulmanas. Joaquín Urias en Público desarrolla el argumento más sistemático: la prohibición no supera el filtro constitucional ni el de la jurisprudencia del TEDH; confunde el rechazo moral del velo integral con la legitimidad jurídica de multarlo, y traslada el castigo a las propias mujeres. Ana Pardo de Vera, también en Público, va más lejos: señala que Vox y el PP nunca han puesto el foco en las víctimas —ni de los abusos eclesiásticos, ni de la trata, ni de la violencia machista— y que su repentino «feminismo islámico» es la coartada de un proyecto xenófobo. En la misma dirección, Laura Mijares y Ángeles Ramírez en CTXT denuncian que el debate está teñido de islamofobia y constituye una batalla cultural de la derecha, no una política real de protección de derechos. Enrique del Teso en Nortes señala la hipocresía de quienes agitan el debate del burka en Gijón mientras toleran —o practican— sus propias formas de opresión simbólica.

Frente a esta posición, otro bloque defiende que el rechazo al velo integral es una posición feminista legítima que no puede ceder al chantaje de la acusación de islamofobia. Ilya U. Topper en El Confidencial ofrece el análisis más extenso y polémico: argumenta que la izquierda española «pone el velo antes que la herida», rehúye el debate sobre la dignidad de la mujer por miedo a ser tachada de islamófoba, y cede así la iniciativa a la ultraderecha que lo plantea desde el racismo. Topper distingue entre el islam histórico de mayorías musulmanas y el wahabismo saudí que ha usurpado su nombre, señalando que ni siquiera la teología salafista oficial declara obligatorio el niqab —a diferencia del hiyab—, lo que desmonta el argumento de la «práctica religiosa consensuada». Carmen Domingo en Ethic desmonta uno a uno los argumentos que considera falaces en defensa del burka. Yashmina Swawki en La Voz de Galicia va al núcleo: el velo no es religión, es un instrumento de opresión, y tratarlo como expresión de «libre elección» es una trampa. Ángeles Álvarez en El Confidencial refuta específicamente la comparación con hábitos de monjas o capirotes: son prendas radicalmente distintas en su función social y en su relación con el cuerpo femenino. Sonia Reina en ConfiLegal aporta la perspectiva del derecho antidiscriminatorio: el burka es un símbolo de desigualdad estructural que el Estado tiene obligación de nombrar como tal. Rafael Granero en Nueva Tribuna analiza «la trampa de la libre elección» como mecanismo común al velo islámico y al corsé del género, señalando que la autonomía individual no puede invocarse para justificar sistemas que previamente han colonizado la voluntad.

Una tercera posición más matizada sostiene que ni la prohibición simple ni la permisividad acrítica protegen a las mujeres. José M. Peña Penabad en Mundiario aborda en dos entregas la tensión entre seguridad, libertad y derechos en las sociedades pluralistas europeas, reconociendo la complejidad jurídica sin resolver la pregunta en un sentido único. Santiago Alba Rico en El País aborda la pregunta «¿es libre una mujer velada?» desde la filosofía y concluye que la libertad no puede leerse solo desde la voluntad individual sin atender a las condiciones materiales y simbólicas en que se ejerce. Khadija Amin en 20 Minutos, desde su propia experiencia, matiza los términos del debate insistiendo en que ninguna de las dos posiciones extremas protege realmente a las mujeres afectadas. Juan A. Gallego Capel en Noticias RM traza un paralelismo entre la penitencia y el velo como instrumentos de sumisión del cuerpo a la norma religiosa en tradiciones distintas.

Lo que el debate sobre el velo pone al descubierto es una fractura dentro del propio campo laicista y el feminista. Esta fractura no es nueva, pero febrero de 2026 la ha hecho más visible que nunca en la opinión pública española.

El funeral de Adamuz y la laicidad institucional

Varios artículos continúan el debate suscitado a finales de enero por la gestión del funeral de Estado tras el accidente ferroviario. El eje argumental común es que un Estado aconfesional no puede imponer un único rito confesional como marco del duelo colectivo. La columna de Laura Limón en El Salto describe cómo el Ayuntamiento de Huelva y el PP aplazaron el homenaje laico para mantener exclusivamente el funeral católico con la participación de la Jefatura del Estado, una decisión que no es neutral sino «profundamente ideológica» y que excluye a la ciudadanía no católica.

David Bollero en Público desarrolla el argumento de la hipocresía selectiva: los mismos dirigentes del PP que se presentan como baluartes del catolicismo chocan frontalmente con la Conferencia Episcopal cuando esta apoya la regularización de migrantes, lo que revela que la religión se usa como comodín identitario y no como convicción ética real. El artículo señala también el hospital malagueño bautizado «Virgen de la Esperanza» por la Junta de Andalucía como síntoma del mismo patrón: nomenclatura confesional para equipamientos financiados por el conjunto de la ciudadanía.

Fernando Santiago en el Diario de Cádiz reflexiona sobre el mismo fenómeno desde la semiótica del espacio público: la convivencia en el imaginario oficial de instituciones científicas y símbolos marianos como ejemplo de la aconfesionalidad incompleta del Estado español.

¿Vuelve la religión?

Daniel Innerarity en El País ofrece el análisis filosófico más riguroso del aparente «retorno de lo religioso». Su tesis es que no estamos ante un retorno de la creencia en su función estructuradora de la sociedad, sino ante la circulación ecléctica de símbolos religiosos descontextualizados que sirven más de adorno identitario que de cosmovisión coherente. Innerarity distingue entre la privatización efectiva de la religión —que ya no puede reclamar un estatuto de oficialidad sin poner en peligro el pluralismo— y su instrumentalización por poderes que buscan sus efectos sociales sin tener experiencia religiosa real. Su conclusión apunta al núcleo del debate laicista: «lo que se ha terminado no es la religión, sino la organización religiosa de la sociedad», y en ese nuevo marco los obispos no necesitan reclamar elecciones ni los políticos necesitan predicar. Luis Alfonso Iglesias Huelga en La Rioja reflexiona sobre los «desvelos» del laicismo ante ese paisaje cambiante, apelando a la vigilancia cívica frente a las nuevas formas de captura religiosa del espacio público. Paco Espínola en El Independiente de Granada rastrea lo que revelan las «cartas sobre la misa» —la liturgia como escena de poder más que de fe— a la luz de ese mismo retroceso estructural del catolicismo.

Fundamentalismos religiosos y extrema derecha

El análisis de los fundamentalismos ocupa un espacio relevante. Antonio Spadaro y Marcelo Figueroa republican en Religión Digital su texto sobre el «ecumenismo del odio» entre fundamentalismo evangélico e integralismo católico, que adquiere nueva actualidad tras la inauguración del segundo mandato de Trump. Su tesis es que la alianza entre estos sectores no responde a una convergencia teológica genuina, sino a un proyecto político compartido de influencia directa sobre el Estado, la educación y la moral pública, con rasgos teocráticos vinculados al dominionismo y al apocalipticismo político de figuras como Steve Bannon. Israel Merino en Público analiza desde una óptica más irónica el evento de Vistalegre donde influencers del conservadurismo español celebraron su «conversión», leyendo el fenómeno como síntoma del uso instrumental del catolicismo por una derecha que realmente adora el datáfono, no al Nazareno. Jesús Lozano en Religión Digital completa este análisis diseccionando el «Evangelio según Trump» como uso de la fe como arma de control y mercado.

Juan José Tamayo en InfoLibre aporta el caso latinoamericano: analiza el autogolpe de Estado de Bukele en El Salvador en 2020, cuando el presidente tomó militarmente la Asamblea Legislativa y legitimó el acto mediante una oración pública, argumentando que «Dios le había hablado». Tamayo lee ese gesto como el manual del déspota contemporáneo: la oración pública como teatro de poder que cuenta con el apoyo incondicional del fundamentalismo evangélico. Hossein Zoghi en Nueva Revolución aborda el callejón sin salida del fascismo religioso iraní, cerrando el círculo de los fundamentalismos: el islámico en el poder es también una trampa para la propia sociedad que lo sufre.

Estado laico en América

El frente latinoamericano mantiene su presencia. En Honduras se consolida el debate sobre la propuesta del Congreso de imponer la lectura de la Biblia en las escuelas públicas: Francia Guardiola en Criterio argumenta que el Congreso carece de facultades para semejante reforma, que requeriría derogar cláusulas pétreas de la Constitución; Mario Noé Villafranca en La Tribuna analiza el trasfondo político de la iniciativa.

En Argentina, Jaime Durán Barba en Perfil diagnostica una «ruptura de la Ilustración» que, si bien no propone conclusiones laicistas, describe el terreno intelectual sobre el que avanza el irracionalismo religioso y político en la región. Mientras, Elio Masferrer Kan aborda en México la proliferación de partidos políticos religiosos como síntoma de crisis de la laicidad.

En Estados Unidos, Manuel Durán en Memphis Noticias analiza la tensión entre fe y Constitución que plantea Tennessee al introducir textos bíblicos en las aulas públicas.

En conjunto

Febrero de 2026 presenta un debate público sobre laicismo más polarizado y urgente que los meses anteriores. La irrupción del debate sobre el velo integral ha puesto en evidencia que la defensa de la laicidad no siempre produce posiciones unívocas: puede priorizar la libertad de conciencia individual, la protección de la mujer frente a la opresión religiosa, o la denuncia del uso xenófobo del argumento feminista. Las tres posiciones tienen representantes en este corpus, y la tensión entre ellas lejos de resolverse se ha intensificado. Lo que sí aparece como consenso transversal es que el debate ha sido activado deliberadamente por la ultraderecha como estrategia de agitación identitaria, y que responder desde claves democráticas exige rigor jurídico, honestidad sobre las propias contradicciones y negativa a dejarse arrastrar por los términos que fija el fascismo.


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