La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este miércoles la imposición de prácticas religiosas a «presos políticos» recluidos en una cárcel en el norte del país, donde -señaló- son «forzados a participar en actividades» evangélicas, pese a que la Constitución establece la libertad de religión y culto.
En ese sentido -advirtió la organización no gubernamental-, los considerados «presos políticos» que se encuentran en la prisión conocida como Tocorón, ubicada en el estado Aragua, son «víctimas de adoctrinamiento religioso», lo que, aseguró, atenta contra «la libertad de pensamiento y de conciencia».
Además, el OVP señaló que, según denuncias de familiares de estos detenidos, «quienes se nieguen a participar corren el riesgo de ser castigados».
Indicó que, el pasado 31 de diciembre, fueron «obligados a escuchar música cristiana durante horas sin interrupción», y «aquellos que expresaron su negativa a participar en estas actividades religiosas fueron amenazados con represalias», como «restricciones en visitas» o «aislamiento».
«No se puede obligar a nadie a adoptar una creencia bajo presión, menos aún cuando están en una situación de total vulnerabilidad. Es el colmo que el régimen no solo los mantenga detenidos en condiciones inhumanas, sino que ahora también pretende imponer una doctrina religiosa», expresó el director del OVP, Humberto Prado, citado en la nota.
Familiares piden «la intervención» de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), señaló la ONG, que se suma al llamado y exige a las autoridades nacionales garantizar la libertad de culto y cesar «cualquier práctica de coerción religiosa».
La semana pasada, Nicolás Maduro, quien juró el 10 de enero para un tercer mandato, tras su cuestionada reelección en julio, anunció que iglesias del país difundirán «el mensaje» de Jesucristo en las cárceles, con el objetivo de «construir el camino de la redención», como parte de un acuerdo entre representantes de centros religiosos y el Ministerio de Servicio Penitenciario, que también fue firmado por el líder chavista.
A esta medida se sumó la creación del Viceministerio de las Instituciones Religiosas y Cultos, que estará adscrito a la cartera de Interior y Justicia.
Según la Constitución, el Estado debe garantizar «la libertad de religión y de culto», por lo que «toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público».
