La jerarquía de la Iglesia Católica brasileña defendió hoy que el Concordato firmado por el Gobierno con el Vaticano, que todavía debe ser ratificado por el Legislativo, no va contra la Constitución y no le otorga privilegios extraordinarios.
La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB, por su sigla en portugués) tacha de "desinformados" a los críticos del tratado en un comunicado hecho público hoy y defiende que "lejos de herir la Constitución, ratifica una relación que siempre existió y abre perspectivas, incluso, para otras religiones en el país".
"No está concediendo privilegios extraordinarios a la Iglesia Católica", insiste el documento sobre el Concordato firmado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una visita a Roma en noviembre pasado
El acuerdo con el Vaticano, que tiene valor de tratado internacional bilateral y consta de 20 artículos, fue suscrito después de más de un año de negociaciones.
Además de abrir la puerta a la enseñanza opcional de la religión católica en las escuelas públicas, el que sería el primer Concordato de Brasil reconoce por primera vez los "efectos civiles" del matrimonio por el rito católico "si atiende a las exigencias establecidas por el derecho brasileño para el casamiento".
En caso de que llegara a entrar en vigor, el documento contiene una cláusula de salvaguarda para un decreto de 1890 que instituye el estado laico y la libertad religiosa en Brasil y para un acuerdo de 1989 sobre la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas.
Está previsto que el tratado entre la Iglesia Católica y el Estado brasileño sea discutido en los próximos días en el pleno de la Cámara de Diputados, antes de pasar al Senado para su ratificación definitiva.
Organizaciones de ateos y miembros de otras congregaciones religiosas rechazan el tratado porque consideran que la Iglesia Católica obtendrá privilegios inconstitucionales.
Entre los pronunciamientos críticos está el de la Asociación de Magistrados Brasileños (AMB), que denunció en un comunicado que el acuerdo "implicará un grave retroceso en el ejercicio de las libertades y en la efectividad de la pluralidad".
"Rogamos a las autoridades legislativas que en esta cuestión actúen con una conducta constitucional rigurosa", concluye el boletín de los magistrados.
