El Congreso del país centroamericano aprueba una ley sumamente restrictiva impulsada por el Gobierno. La votación tuvo lugar el 8M, coincidiendo con las movilizaciones por los derechos de las mujeres.
El 8M de 2022 será recordado en Guatemala como un día marcado por contrastes: mientras las mujeres se movilizaban en defensa de sus derechos, la mayoría del Congreso aprobaba una norma consagrada en cuerpo y alma a perseguir el aborto, el matrimonio igualitario y cualquier política educativa que defienda la diversidad sexual.
La iniciativa 5272 –aprobada con 101 votos a favor, 51 ausentes y 8 en contra–, establece «la protección del derecho a la vida, la familia, la libertad de conciencia y expresión, la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, además del derecho de los padres a orientar a sus hijos en su sexualidad».
La ley contempla un aumento de las penas de prisión contra las mujeres que decidan abortar: si hasta ahora se establecían castigos de entre un año y tres años de cárcel, ahora las penas desde los cinco hasta los 25 años de prisión.
En otro de sus polémicos puntos, el documento prohíbe a las entidades educativas –ya sean públicas o privadas– todo aquello que signifique «promover en la niñez y adolescencia, políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad o que sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano».
«Conductas y prácticas»
También se prohíbe por completo el matrimonio entre personas del mismo sexo, al tiempo que se establece que solo serán tomadas como válidas aquellas parejas que hayan contraído matrimonio.
El artículo 18 resulta no menos sorprendente. «Ninguna persona podrá ser perseguida penalmente por no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género, siempre que no hubiere infringido disposición legal alguna o hubiere atentado contra la vida, la integridad o la dignidad de las personas o grupos que manifiesten conductas y prácticas distintas a la heterosexualidad», indica.
El Gobierno de Guatemala está en manos del ultraderechista Alejandro Giammattei, un enemigo declarado del matrimonio igualitario y del colectivo LGTBI.
