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Haibatulá Ajundzadá, militar y clerigo afgano, actual líder supremo de Afganistán bajo el régimen talibán

El Tribunal Penal Internacional emite una orden de arresto contra los líderes talibán por crímenes contra las mujeres

La corte penal internacional priva a mujeres y niñas de derechos fundamentales como el de la educación, la libertad de circulación o de pensamiento

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha emitido este martes sendas órdenes de arresto contra el líder de los talibanes de Afganistán, el emir Haibatulah Ajundzada, y el presidente del Tribunal Supremo afgano, Jaladuddin Haqqani, por crímenes de lesa humanidad cometidos contra mujeres, niñas y otras personas por razones de género.

“Si bien los talibán han impuesto ciertas normas y prohibiciones a la población en su conjunto, han atacado específicamente a niñas y mujeres por razones de género, privándolas de derechos y libertades fundamentales”, reza un comunicado de la sala preliminar del Tribunal con sede en La Haya.

En concreto, ha explicado que las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán han privado “mediante decretos y edictos a niñas y mujeres de los derechos a la educación, la privacidad y la vida familiar, así como a la libertad de circulación, expresión, pensamiento, conciencia y religión”.

“Además, otras personas han sido atacadas porque ciertas expresiones de sexualidad o identidad de género se consideran incompatibles con la política talibán en materia de género”, subraya, agregando que estos crímenes se han cometido desde que tomaron el poder el 15 de agosto de 2021 hasta al menos el 20 de enero de 2025.

De igual forma, personas que se han expresado en contra de sus políticas también “han sido blanco” de los talibán. “Esto incluye a quienes se han descrito como ‘aliados de niñas y mujeres’, que han sido percibidos como opositores políticos”, agrega.

La sala preliminar del TPI ha indicado además que las políticas a rasgos generales de los talibán en Afganistán incurren “en graves violaciones de los derechos y libertades fundamentales de la población civil”, incluyendo “actos de asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y desaparición forzada”.

Los talibán impusieron poco después de su vuelta al poder en agosto de 2021 –tras la huida de la capital, Kabul, del entonces presidente, Ashraf Ghani, en plena retirada de las tropas internacionales– una batería de restricciones a la vida pública, con el principal foco en las mujeres y las niñas.

La entrada en vigor en Afganistán de la llamada Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio en agosto de 2024 contiene una disposición que esgrime que la voz de la mujer solo puede ser escuchada “en casos de necesidad”.

Las mujeres de Afganistán tienen prohibido alzar la voz o escuchar música cantada por mujeres, según el artículo 13 de dicha legislación. Tampoco pueden coger el transporte público sin estar acompañadas por un guardián masculino ni participar en juegos o cualquier otra forma de entretenimiento.

Las restricciones impuestas a la población femenina también incluyen la prohibición de la educación secundaria a las niñas, el acceso a la universidad a las jóvenes del país e impedimentos al trabajo humanitario, así como la imposición de códigos de vestimenta.

Ajundzada tiene su bastión y su sede de poder en la provincia de Kandahar, la cuna de los talibán, mientras que la presencia de la red Haqqani es prominente en la capital del país, Kabul. Haqqani es un miembro enormemente respetado entre el movimiento por sus credenciales religiosas y es, junto al líder talibán, el clérigo más importante de la organización tras años de clases en la madrasa Darul Uloom Haqqania, en el noroeste de Pakistán.

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