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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra el estado de Washington por una reciente ley que obliga a los sacerdotes a violar el sigilo sacramental si se enteran de un caso de abuso infantil durante la confesión.
En un comunicado del 23 de junio, el DOJ sostuvo que la ley de Washington “viola el libre ejercicio de la religión de todos los católicos”.
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“El sigilo de confidencialidad es… el alma misma de la confesión. Sin él, el libre ejercicio de la religión católica, es decir, las funciones apostólicas que realiza el sacerdote en beneficio de los fieles, no puede llevarse a cabo”, escribió el DOJ en su alegato.
El 3 de mayo, el gobernador de Washington, Bob Ferguson, firmó la ley SB 5375, que entrará en vigor el 27 de julio y exige a los sacerdotes denunciar casos de abuso infantil que conozcan en confesión. Sin embargo, exime de esta obligación a otros profesionales, como enfermeros y terapeutas.
Los sacerdotes que no denuncien lo escuchado en confesión podrían enfrentar hasta 364 días de cárcel y una multa de 5.000 dólares.
Ferguson, quien se identifica como católico, defendió la ley en mayo afirmando que está “muy familiarizado” con la confesión, pero consideró que se trata de “una legislación importante” para proteger a los niños.
El 5 de mayo, la subsecretaria de la División de Derechos Civiles del DOJ, Harmeet Dhillon, envió una carta al gobernador Ferguson para informarle que el Departamento investigaría la nueva ley y le exigió conservar todos los registros y comunicaciones relacionados con ella.
Dhillon calificó la norma como un “ataque legislativo contra la Iglesia Católica y su sacramento de la confesión, una práctica religiosa instituida desde los orígenes de la Iglesia”.
El 29 de mayo, los obispos de la Arquidiócesis de Seattle y de las diócesis de Spokane y Yakima presentaron una demanda ante un tribunal federal en la que argumentan que la ley vulnera el derecho constitucional al libre ejercicio de la religión al violar el sigilo sagrado de la confesión.
La demanda también alega que la ley infringe la cláusula de igualdad ante la ley de la 14.ª Enmienda, así como la Constitución del estado de Washington.
En la demanda, los obispos subrayan el compromiso de la Iglesia Católica con la protección de los menores, al tiempo que defienden la inviolabilidad del sigilo sacramental.
“En coherencia con los esfuerzos de la Iglesia Católica para erradicar la lacra social del abuso infantil, la Arquidiócesis de Seattle y las diócesis de Yakima y Spokane han adoptado e implementado políticas que van más allá de los requisitos actuales de la ley del estado de Washington en materia de denuncia de abusos y negligencia infantil”, afirma la demanda.
Las políticas eclesiales, precisa el texto, exigen denunciar todo abuso sospechoso cometido por personal de la Iglesia, incluidos los clérigos, excepto cuando la información se haya conocido únicamente durante la confesión, que está protegida por “más de 2.000 años de doctrina eclesial”.
El Obispo de Spokane, Mons. Thomas Daly, aseguró en mayo que el clero no violará el sigilo de confesión, aunque eso implique ir a prisión.
“Quiero asegurarles que sus pastores, obispos y sacerdotes estamos comprometidos a mantener el sigilo de confesión —incluso si eso significa ir a la cárcel—. El sacramento de la penitencia es sagrado y así seguirá siendo en la Diócesis de Spokane”, dijo Mons. Daly en un mensaje dirigido a los fieles.
El Arzobispo de Seattle, Mons. Paul D. Etienne, se pronunció en la misma línea, citando el derecho canónico, que prohíbe a los sacerdotes revelar la confesión de un penitente bajo pena de excomunión. El prelado recordó las palabras de San Pedro en Hechos 5,29: “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”.
Líderes de varias iglesias ortodoxas también se unieron a los obispos católicos del estado en otra demanda presentada el 16 de junio, señalando que los sacerdotes ortodoxos, al igual que los católicos, “tienen el deber religioso estricto de mantener la absoluta confidencialidad” de lo revelado en confesión.
Su demanda advierte que “violar esta obligación religiosa obligatoria es un crimen canónico y un pecado grave, con consecuencias severas para el sacerdote que la infrinja, incluida la expulsión del sacerdocio”.
