Los tribunales de Ontario, la principal provincia canadiense, decidieron que los médicos no pueden oponerse a remitir a sus pacientes a otros doctores para que proporcionen servicios de aborto o muerte asistida a pesar de sus objeciones morales o religiosas. El Tribunal de Apelaciones confirmó así la decisión de otro tribunal de la provincia, que en enero de 2018 determinó que aunque la imposición de enviar pacientes a otros doctores que proporcionen servicios que ellos objetan infringe la libertad de religión, los beneficios al público justifican la medida. La imposición fue establecida por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Ontario, pero varias organizaciones cristianas recurrieron a los tribunales para eliminarla por entender que viola sus derechos constitucionales.
En enero del año pasado, el Tribunal Superior rechazó la demanda de los grupos cristianos y razonó que la imposición de remitir pacientes “daña los derechos de libertad religiosa de los demandantes tan poco como es posible razonablemente” para lograr el acceso a la sanidad del público. El Tribunal Superior también dijo que las opciones sugeridas por las organizaciones cristianas “comprometerían el objetivo de asegurar el acceso a la sanidad en muchas situaciones, a menudo a miembros vulnerables de nuestra sociedad”.
Los demandantes apelaron la decisión del Tribunal Superior alegando que el tribunal había otorgado más peso a los posibles problemas de acceso a la sanidad que a los derechos de los médicos. Por su parte, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Ontario argumentó que la práctica de la medicina es un privilegio y no un derecho y que la imposición de enviar pacientes a otros doctores para que reciban tratamientos es una medida que equilibra las creencias de los doctores con el acceso a la sanidad.
